Sobre la intervención telefónica

En la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 490/2014, de 17 de junio, de la que es Ponente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, es obligado destacar el voto particular expresado por el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, en el que da un toque de atención sobre una cuestión que me parece realmente importante, disponiendo lo siguiente:

“El razonamiento con el que el Tribunal a quo ha impuesto una condena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 1.500.000 euros, es el siguiente:

‘… Mauricio Vidal declaró no conocer de nada a ninguno de los otros procesados ni a Javier Roque y justificó la posesión de numerosas tarjetas telefónicas cuando fue detenido por el simple hecho de regentar un locutorio telefónico y negociar con ellas, actividad que jamás ha realizado con drogas. De las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial se desprende que fue él quien aportó como posible transportista a Javier Roque quien efectivamente asumió realizar una operación de transporte de droga, si bien esta no llegó a territorio nacional al haber sido detenido cuando la portaba en el curso del viaje. Esta relación con Javier Roque que Mauricio Vidal niega fue probablemente la que determinó que fuera precisamente este último quien se desplazó hasta Ámsterdam donde se había perdido la pista del transportista, por haber sido detenido allí’.

(…) la sentencia no contiene mención alguna a qué fragmentos de esas conversaciones permiten respaldar la proclamación fáctica que afecta al acusado. La interceptación judicial se prolongó durante cinco meses. La Audiencia Provincial no cita ni uno sólo de los diálogos de los que se ” desprendería” la autoría del acusado.

En este contexto, me resulta imposible no acoger el razonamiento de la defensa cuando, en el desarrollo del segundo motivo formalizado, al reivindicar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, se expresa en los siguientes términos: “… entiende humildemente esta defensa letrada que de la lectura de la sentencia deberíamos poder percibir cómo se ha alcanzado la convicción judicial, por qué razones se han considerado probados los hechos determinantes de la condena, qué ha motivado que se otorgue fiabilidad a las mismas (…). Únicamente se hace una mención a las <conversaciones telefónicas> sin añadir nada más. Motivo por el que no sólo desconocemos las razones de la decisión condenatoria, sino que se nos imposibilita poder rebatir tales consideraciones en este momento procesal. Ya que si supiéramos exactamente qué pruebas y qué valoración de las mismas ha efectuado dicha Ilma. Sala, podríamos rebatirlas“.

No puedo aceptar que el silencio de la Audiencia Provincial respecto de los diálogos incriminatorios de los que se desprendería la autoría del recurrente -especialmente relevante cuando el órgano decisorio lo señala como la fuente de prueba en la que está basada la condena-, sea conciliable con el canon constitucional que viene exigiendo esta Sala a la hora de atender cualquier queja relacionada con el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Ni la defensa ni nosotros como órgano de casación, estamos en condiciones de valorar la suficiencia de un argumento blindado, introspectivo, que no hace aflorar su lógica interna, limitándose a una remisión in totum a cinco meses de conversaciones de las que no se extracta ni una sola frase como muestra de su valor probatorio. Entre nuestras misiones se incluye el examen del carácter bastante, suficientemente incriminatorio, de las pruebas tomadas en consideración por la sentencia de instancia. Pero si aceptamos con normalidad que el Tribunal no exteriorice cuáles han sido esos elementos que le han conducido a la proclamación de la autoría, estamos abdicando de la función procesal que nuestro sistema constitucional nos reserva.

A mi juicio, no podemos suplir de ninguna manera, ese silencio construido en contra del reo y del derecho de la defensa a impugnar la aparente suficiencia del discurso incriminatorio. Esta tarea -bienintencionada cuando se trata de evitar la impunidad de graves delitos, pero inaceptable en el plano constitucional-, nos distancia de nuestro papel como órgano de casación. 

(…) La sentencia respaldada por la mayoría, si llegara a consolidarse como expresiva del criterio jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, transmitiría un inquietante mensaje respecto del significado constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Toda investigación penal apoyada en meses -en muchas ocasiones, años- de conversaciones interceptadas con autorización judicial, tendría la ventaja de aliviar el esfuerzo de motivación y valoración probatoria del órgano decisorio, que podría limitarse a importar acríticamente, mediante su simple cita genérica, una fuente probatoria sin precisar los elementos de prueba que de ella se derivan. Y si ello provocara la queja de la defensa que, invocando los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, reclamara conocer los fundamentos probatorios de la condena, seríamos nosotros, como Sala de Casación, los encargados de proporcionarla, eso sí, valorando parcialmente lo que el Tribunal de instancia debió haber valorado y, sin embargo, ha omitido”.

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Acerca de Miguel R. Rebolledo

Jurista. Aprendiendo y mejorando cada día
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