Derecho constitucional, Derecho procesal penal, Derechos fundamentales

Limitación de la indemnización a quienes sufran prisión provisional. Inconstitucionalidad.

En esta entrada vamos a ver la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 85/2019, de 19 de junio (Ponente: don Fernando Valdés Dal-Ré), en la que resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad n° 4314-2018, sobre la nulidad de los incisos del art. 294 L.O.P.J. que regulan la indemnización a quienes hayan sufrido prisión provisional limitándola a los supuestos de inexistencia del hecho imputado o sobreseimiento libre.

Ya tuvimos ocasión de examinar en este blog la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con el error judicial y la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de prisión provisional, que necesariamente debe actualizarse con lo que dispone la presente sentencia. Así, iremos directamente a su Fundamento de Derecho 13°, en el que se estima la cuestión interna de inconstitucionalidad y se establecen sus efectos, disponiendo lo siguiente:

“Al poner en relación los problemas de constitucionalidad de la selección de supuestos indemnizables que dibujan los incisos controvertidos desde la perspectiva de los arts. 14 y 24.2 CE, se observa que circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho. Tampoco una interpretación amplia del art. 294.1 LOPJ, que reconozca el derecho a ser indemnizado tanto en caso de inexistencia objetiva como subjetiva, puede eludir las objeciones de ausencia de justificación razonable de la diferencia de trato y, sobre todo, de desproporción en las consecuencias, sin que, por lo demás, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia se mitigue, al perpetuar la distinción entre absoluciones por prueba de la inocencia y falta de prueba de la culpabilidad.

Los incisos del art. 294 LOPJ «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» reducen el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional acordada conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluyó en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia. La selección de supuestos indemnizables excluye otros abarcados por la finalidad de la previsión resarcitoria, atenta a indemnizar los daños fruto del sacrifico de la libertad de un ciudadano en aras del interés común, de modo que introduce una diferencia entre supuestos de prisión provisional no seguida de condena contraria al art. 14 CE, en tanto que injustificada, por no responder a la finalidad de la indemnización, y conducente a resultados desproporcionados. De otro lado, en tanto la referida delimitación del ámbito resarcible obedece a las razones de fondo de la absolución, establece de forma inevitable diferencias entre los sujetos absueltos vinculadas a la eficacia del derecho a la presunción de inocencia, obliga a argumentar con base en esas diferencias y deja latentes dudas sobre su inocencia incompatibles con las exigencias del art. 24.2 CE.

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Derecho constitucional, Derecho penal

Enaltecimiento del terrorismo. Exigencia de un «elemento tendencial». Directiva UE 2017/541

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala segunda), núm. 378/2017, de 25 de mayo, de la que es Ponente Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro, absuelve a quien fue condenado por la Audiencia Nacional por un delito de enalteciminento de terrorismo en las redes sociales, distanciándose de resoluciones anteriores.

La sentencia recurrida fue mayoritariamente decidida por los miembros de la Audiencia al entender que las publicaciones de las redes sociales revelan la intención de ensalzar los comportamientos terroristas, el ejercicio de la violencia para la consecución de fines políticos, como manifestación del ejercicio del denominado «discurso del odio», extramuros del ejercicio de la libertad de expresión. Y a tal premisa aplica lo que estima es contenido del tipo penal partiendo del fundamento o finalidad del mismo que, en su expresión, es combatir la actuación dirigida a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema democrático.

La sentencia del Tribunal Supremo se centra en una de las dos modalidades típicas del artículo 578, la referida a la justificación de hechos constitutivos de terrorismo o al enaltecimiento de quienes participaron en los mismos; y más concretamente, en lo que concierne a la antijuridicidad de los actos atribuidos al recurrente: «tanto desde la perspectiva de acomodación del comportamiento probado a la descripción formal del verbo del tipo, cuanto a la eventual justificación desde la ponderación con derechos de contenido constitucional».

De acuerdo con el Alto Tribunal «el tipo exige formalmente una actuación del sujeto que suponga justificar delitos de terrorismo o enaltecer a los que hayan participado en ellos. Es decir proclamar que aquellos hechos tipificados como delitos deban considerarse admisibles y no censurable si no obstante su consideración legal, o decir alabanzas de quien se considera partícipe en su ejecución o atribuirle cualidades de gran valor precisamente, se sobreentiende, por razón de tal participación.

Pero no basta esa objetiva, pero mera, adecuación entre el comportamiento atribuido y la descripción que tales verbos típicos significan. La antijuridicidad, pese a ello, puede resultar excluida, incluso formalmente, es decir sin entrar en el examen de determinadas causas de justificación, si aquella descripción no incluye expresamente algún otro elemento que los valores constitucionales reclaman al legislador para poder tener a éste por legítimamente autorizado para sancionar esos comportamientos formalmente descritos como delito.

Es decir, no se trata de que debamos examinar si concurre un elemento excluyente (negativo, si se quiere) de la antijuridicidad, como podría ser el ejercicio de un derecho a la libertad de expresión. Se trata, antes, de que se debe comprobar si en el comportamiento formalmente ajustado a la descripción típica concurre además algún otro elemento que haga constitucionalmente tolerable la sanción penal.

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Derecho constitucional, Derecho procesal penal

Motivos casacionales: contradicción de hechos declarados probados. Requisitos. Presunción de inocencia y non bis in idem: infracción y acceso a casación.

La Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 830/2015, de 22 de diciembre, (Rec: 10483/2015), Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar, recoge la doctrina jurisprudencial acerca de los requisitos necesarios para estimar el motivo casacional de contradicción de hechos declarados probados, finalizando con una referencia a la presunción de inocencia y al limitado acceso a casación de la vulneración del principio non bis in idem.

– Contradicción de hechos declarados probados

“Una reiterada doctrina jurisprudencial, viene declarando que son requisitos necesarios para que exista el vicio sentencial de contradicción previsto en el inciso segundo del artículo 851.1.º de la LECrim , los siguientes:

a) Que sea manifiesta y absoluta en el más amplio sentido gramatical de tales conceptos, lo que requiere significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable, insoslayable y, sobre todo, incompatible con la integridad del relato histórico, con recíproca exclusión entre las distintas manifestaciones;

b) Que como interna emane directa e inmediatamente de los propios términos en que aparezca la relación fáctica, confrontando los distintos vocablos, incisos, expresiones o pasajes internos en la misma;

c) Que sea completa, afectando la incompatibilidad a los hechos y sus circunstancias, y, por ende, a la calificación jurídica, los grados de participación o ejecución y a cuantas circunstancias determinen la responsabilidad penal o civil;

d) Que sea causal, o lo que es lo mismo, determinante de una advertible incongruencia, dada la relación directa entre el vicio procesal y el fallo final de la sentencia;

e) Que las frases o expresiones contradictorias, por afectar a circunstancias esenciales de la cuestión controvertida y de la misma resolución, sean imprescindibles a la resultancia probatoria, de tal forma que su supresión propiciare la inexpresión, la incomprensión o la falta de claridad de aquélla; siendo inocua la «contradictio» cuando su objeto aparezca intrascendente en el caso examinado, no influyendo en la determinación de la infracción criminal ni en la responsabilidad en juego de los sujetos encausados (véase, entre otras, Sentencia de fecha 19 de abril de 2005)”.

– Presunción de inocencia y non bis in idem

“Hemos de señalar que el principio constitucional de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna , gira sobre las siguientes ideas esenciales: Sigue leyendo “Motivos casacionales: contradicción de hechos declarados probados. Requisitos. Presunción de inocencia y non bis in idem: infracción y acceso a casación.”

Derecho constitucional, Derecho procesal penal, Derechos fundamentales

Sobre el principio acusatorio en el proceso penal. Agravación de la pena en Sentencia.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda), núm. 693/2015, de 12 de noviembre (REC: 975/2015), siendo Pontente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Touron, nos recuerda el principio acusatorio que rige todo procedimiento penal y que en ocasiones es olvidado por los tribunales. Así, declara lo siguiente:

“Como se estableció en nuestro Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 2006, ” el Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa”.

Como recuerda nuestra reciente STS 594/2015, de 30 de septiembre , ” este criterio no constituye una regla arbitraria impuesta de forma voluntarista por el Pleno de la Sala, sino que ha sido debidamente motivado a través de las numerosas sentencias que lo han aplicado. La razón que justifica la vinculación del juzgador a la pena en concreto solicitada, como ámbito delimitador de las facultades del Tribunal sentenciador, deriva de la esencia misma de la estructura del proceso penal acusatorio, en donde quedan perfectamente escindidas las funciones de acusar y de juzgar, de modo que no puede nunca un mismo órgano arrogarse ambas, bajo pretexto alguno.

Del mismo modo que el Tribunal sentenciador no puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una pena que no le haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en el respeto al principio acusatorio, y en sus derivaciones de congruencia y defensa.

La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa deriva de que el mencionado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica.

De manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa,lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia.

Dicho principio acusatorio deriva del derecho fundamental al proceso debido (proceso con todas las garantías: art. 24.2 de nuestra Carta Magna ), y es manifestación, como decimos, del principio de congruencia y defensa. De modo que este principio ha de quedar restringido no solamente al “factum” sino a la calificación jurídica, y dentro de ésta, tanto al título de imputación (delito), como a la propia petición punitiva contenida en la más grave de las acusaciones.
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Derecho constitucional, Derecho penal, Derechos fundamentales

Sobre el secreto a las comunicaciones: análisis jurisprudencial

Cada vez son más frecuentes, por el motivo que fuere, las condenas por violación de la intimidad y el secreto a las comunicaciones, sobre todo en relaciones conyugales o análogas al matrimonio; en este sentido, la expansión de las redes sociales e Internet ha contribuido a la aparición de nuevas formas de realización típica que, aunque la generalidad de las personas ignore -de forma más bien inexcusable- o no quiera creer, son igualmente delito. Es importante recalcar que Internet no se encuentra extramuros del Derecho penal. Por ello, resulta interesante a este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo 45/2014, de 7 de febrero, Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez (Rec. 1077/2013), la cual realiza una recopilación jurisprudencial sobre el secreto a las comunicaciones y, lo más importante, cuándo no existe una violación del secreto a las comunicaciones. Se pronuncia en el siguiente sentido:

El derecho al «secreto de las comunicaciones… salvo resolución judicial» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del «secreto»-la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo).

(…) Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de «comunicación», la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado.

No hay «secreto» para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Ocurre, en efecto, que el concepto de «secreto» en el art. 18.3 tiene un carácter «formal», en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Esta condición formal del secreto de las comunicaciones (la presunción iuris et de iure de que lo comunicado es «secreto», en un sentido sustancial) ilumina sobre la identidad del sujeto genérico sobre el que pesa el deber impuesto por la norma constitucional. Y es que tal imposición absoluta e indiferenciada del «secreto» no puede valer, siempre y en todo caso, para los comunicantes, de modo que pudieran considerarse actos previos a su contravención (previos al quebrantamiento de dicho secreto) los encaminados a la retención del mensaje. Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino, en todo caso, y ya en virtud de norma distinta a la recogida en el art. 18.3 de la Constitución , un posible «deber de reserva» que -de existir- tendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el contenido mismo de lo comunicado (un deber que derivaría, así del derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 de la Norma fundamental).
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