Derecho penal

Sobre la comisión por omisión (II): la responsabilidad del omitente y su distinción de la comisión activa

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala segunda) núm. 17/2017, de 20 de enero, (REC: 992/2016), de la cual es Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, analiza en sus fundamentos de Derecho sexto y séptimo la interesante comisión por omisión. En ellos expone, tanto desde un punto de vista jurisprudencial como doctrinal, los requisitos de la denominada posición de garante que debe concurrir en el sujeto activo para poder ser considerado criminalmente responsable. Asimismo, analiza el grado de responsabilidad del omitente y se centra en la controvertida distinción entre la comisión activa de un delito y su comisión por omisión impropia. En la entrada anterior, que puede consultar aquí, expusimos la posición de garante. En esta entrada veremos lo que el Alto Tribunal nos dice sobre la responsabilidad del omitente y la distinción entre la comisión activa y la omisión impropia. Su FJ 7º dice lo siguiente:

“El Código Civil impone a los padres el velar por los hijos menores-artículo 154.1 -y permite a los progenitores recabar incluso el auxilio de la autoridad, en su caso, para dicho cumplimiento. Por tal concepto debe entenderse el de cuidar solícitamente a los hijos invitándoles cualquier mal o perjuicio y entre ellos y como más graves las posibles agresiones sexuales o maltratos que puedan sufrir por actuaciones desalmadas de terceros, cuando el sujeto de la infracción no evita, pudiendo hacerlo, que otra persona cometa un delito, existe participación por omisión, al estar el omitente en posición de garante (STS. 21/2007 de 19.1).

Por ello, la jurisprudencia ha admitido la participación omisiva en un delito de resultado y conforme el artículo 11 CP, se ha admitido respecto a aquellas personas que teniendo un deber normativo o un deber jurídico de actuar y con posibilidad de hacerlo, nada hacen para impedir un delito que se va a cometer o para impedir o limitar sus consecuencias (STS. 37/2006 de 25.1).

Un sector doctrinal sostiene que en estos casos, el omitente es siempre partícipe, pues el dominio del hecho sólo se transmite al omitente en caso de que el que actúa deje de dominar el curso del hecho. Un segundo sector de la doctrina mantiene que es preciso distinguir en función de cuál sea la fuente de la posición de garante, pues si él omitente tiene una función de protección de un bien jurídico deberá ser considerado autor, mientras que si lo que le corresponde es una función de control del peligro procedente de un tercero, deberá ser considerado partícipe, pues en tales casos también, un interviniente activo solamente podría ser considerado partícipe. Finalmente desde una tercera posición, se argumenta que el garante que no evite la producción del resultado es siempre autor, si bien esta última posición admite como excepciones los delitos especiales propios, los delitos de propia mano y los delitos como elementos subjetivos especiales, en los que el comitente partícipe no puede ser autor y, por consiguiente, debe ser considerado partícipe ( STS. 1061/2009 de 26.10 .

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Derecho penal

Sobre la comisión por omisión: la posición de garante

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala segunda) núm. 17/2017, de 20 de enero, (REC: 992/2016), de la cual es Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, analiza en sus fundamentos de Derecho sexto y séptimo la interesante comisión por omisión u omisión impropia. En ellos expone, tanto desde un punto de vista jurisprudencial como doctrinal, los requisitos de la denominada posición de garante que debe concurrir en el sujeto activo para poder ser considerado criminalmente responsable. Asimismo, analiza el grado de responsabilidad del omitente y se centra en la controvertida distinción entre la comisión activa de un delito y su comisión por omisión impropia. Debido a su extensión divideremos su exposición en dos entradas diferentes. En esta primera veremos la posición de garante. Su FJ 6º dice lo siguiente:

“1º Que tal como hemos dicho en STS. 37/2006 de 25.1 la posición de garante se define genéricamente por la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico, determinante de que aquél se hace responsable de la indemnidad del bien jurídico. De aquella relación surge para el sujeto, por ello, un deber jurídico especifico de evitación del resultado. De tal modo que la no evitación del resultado por el garante sería equiparable a su realización mediante una conducta activa. La mayor parte de la doctrina fundamenta la posición de garante en la teoría formal del deber jurídico. La existencia de una posición de garante se deduce de determinadas fuentes formales como la Ley, el contrato y el actuar precedente peligroso (injerencia).

Pues bien, la jurisprudencia (por ejemplo S. 1480/99 de 13.10), ha admitido la participación omisiva en un delito de resultado, y conforme al actual art. 11 CP., se ha admitido respecto a aquellas personas que teniendo un deber normativo, un deber jurídico, de actuar y con posibilidad de hacerlo, nada hacen para impedir un delito que se va a cometer o para impedir o limitar sus consecuencias.

Por ello, la participación omisiva parte de unos presupuestos:

a) El presupuesto objetivo que debe ser causal del resultado típico (cooperador) o al menos favorecedor de la ejecución (cómplice)

b) Un presupuesto subjetivo consistente en la voluntad de cooperar causalmente con la omisión del resultado o bien de facilitar la ejecución; y

c) Un presupuesto normativo, consistente en la infracción del deber jurídico de impedir la comisión del delito o posición de garante.

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Derecho constitucional, Derecho procesal penal, Derechos fundamentales

Sobre el principio acusatorio en el proceso penal. Agravación de la pena en Sentencia.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda), núm. 693/2015, de 12 de noviembre (REC: 975/2015), siendo Pontente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Touron, nos recuerda el principio acusatorio que rige todo procedimiento penal y que en ocasiones es olvidado por los tribunales. Así, declara lo siguiente:

“Como se estableció en nuestro Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 2006, ” el Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa”.

Como recuerda nuestra reciente STS 594/2015, de 30 de septiembre , ” este criterio no constituye una regla arbitraria impuesta de forma voluntarista por el Pleno de la Sala, sino que ha sido debidamente motivado a través de las numerosas sentencias que lo han aplicado. La razón que justifica la vinculación del juzgador a la pena en concreto solicitada, como ámbito delimitador de las facultades del Tribunal sentenciador, deriva de la esencia misma de la estructura del proceso penal acusatorio, en donde quedan perfectamente escindidas las funciones de acusar y de juzgar, de modo que no puede nunca un mismo órgano arrogarse ambas, bajo pretexto alguno.

Del mismo modo que el Tribunal sentenciador no puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una pena que no le haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en el respeto al principio acusatorio, y en sus derivaciones de congruencia y defensa.

La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa deriva de que el mencionado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica.

De manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa,lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia.

Dicho principio acusatorio deriva del derecho fundamental al proceso debido (proceso con todas las garantías: art. 24.2 de nuestra Carta Magna ), y es manifestación, como decimos, del principio de congruencia y defensa. De modo que este principio ha de quedar restringido no solamente al “factum” sino a la calificación jurídica, y dentro de ésta, tanto al título de imputación (delito), como a la propia petición punitiva contenida en la más grave de las acusaciones.
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Derecho penal

Sobre el blanqueo de capitales. Estado actual de la doctrina del Tribunal Supremo

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda), núm. 693/2015, de 12 de noviembre (REC: 975/2015), siendo Pontente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Touron, realiza un extenso análisis del delito de blanqueo de capitales que dividiremos en dos entradas diferentes. En esta primera nos referiremos a los elementos típicos del delito de blanqueo. Esta interesante Sentencia declara lo siguiente en los Fundamentos de Derecho decimocuarto y decimoquinto:

“Como expresan las recientes sentencias de esta Sala núm. 265/2015, de 29 de abril y núm. 506/2015,de 27 de julio ,” El Código Penal sanciona como blanqueo de capitales aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas,de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado.

En concreto el art. 301 del Código Penal sanciona como responsable del delito de blanqueo a quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

La inclusión en la redacción típica de dos incisos (“sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva”, “cometida por él o por cualquier tercera persona”), conduce a algunos intérpretes de la norma a estimar, erróneamente, que la finalidad esencial del blanqueo ( ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero) solo se predica de “cualquier otro acto”, y no de todas las conductas descritas en el tipo. Desde esta posición se afirma que el mero hecho de poseer o utilizar bienes procedentes de una actividad delictiva, conociendo su procedencia, integra el delito de blanqueo, y se sostiene que el castigo del auto blanqueo constituye una vulneración del principio “non bis in ídem”.

Pero esta posición no puede considerarse acertada. Para comprender mejor la conducta típica conviene prescindir transitoriamente de estos dos incisos, y precisar las acciones que configuran el tipo como: “el que adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otro acto…. para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes procedentes de una actividad delictiva

La esencia del tipo es, por tanto, la expresión “con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito”. Finalidad u objeto de la conducta que debe encontrarse presente en todos los comportamientos descritos por el tipo.

No nos encontramos, en consecuencia, en el 301 1º ante dos grupos de conductas distintas, las de mera adquisición, posesión, utilización conversión o transmisión de bienes procedentes de una actividad delictiva,conociendo su procedencia, y las de realización de cualquier otro acto sobre dichos bienes con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito, lo que conduciría a una interpretación excesivamente amplia de la conducta típica, y a la imposibilidad de eludir la vulneración del principio “non bis in ídem” en los supuestos de autoblanqueo.
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Derecho penal

Sobre la detención ilegal y sus problemas concursales

La Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 676/2015, de 10 de noviembre, (REC: 10629/2014), siendo Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrert, hace un extenso análisis en su fundamento de Derecho quinto del delito de detención ilegal y los diversos problemas concursales que se pueden ocasionar en su comisión. Para una mayor claridad expositiva, dividiremos la entrada por epígrafes y se alterará el tenor literal de la Sentencia, que, en todo caso, podéis encontrar pinchando en el margen derecho de esta página (CENDOJ).

Esta Sala ha declarado que el delito de detención ilegal es de consumación instantánea, pues se produce con la privación de libertad, mediante el encierro o la detención. Y que la acción de encerrar o detener a una persona puede resultar autónoma y ser constitutiva del delito de detención ilegal, o bien quedar embebida en otras que puedan conllevar cierto nivel de privación de libertad de la víctima (robos con intimidación ocontra la libertad sexual).

Por su parte, la STS nº 372/03, de 14 de marzo, señala que es cuestión, siempre controvertida, el concurso delictivo entre el robo con intimidación y la privación de movimientos de su víctima, y que la misma ha tenido en la jurisprudencia dos elementos de definición, principalmente:

1. La duración de la privación de libertad de deambulación, en combinación con las concretas circunstancias del acto depredatorio contra la propiedad, analizado con parámetros de necesidad o de desbordamiento, y

2. El mantenimiento en dicha situación después de abandonar el lugar, los autores del atraco, a sus víctimas en estado de inmovilización.

La misma resolución cita las sentencias de 9-10-2002 y de 23-01-2003 , según las que la regla fundamental para conocer si estamos ante un concurso de delitos o de normas ha de ser necesariamente una valoración jurídica por la cual, si la sanción por uno de los dos delitos fuera suficiente para abarcar la total significación antijurídica del comportamiento punible, nos hallaríamos ante un concurso de normas; y en el caso contrario, ante un concurso de delitos.

Y esta Sala en sentencia de 7-9-2009, núm. 878/2009, precisó que la relación entre el delito de detención ilegal y otros delitos, singularmente robos con intimidación o agresiones sexuales y determinación coactiva a la prostitución de otra persona, plantea diversas situaciones concursales o de autonomía de las infracciones concernidas que, a veces no sin contradicciones, han sido resueltas por esta Sala en un riguroso análisis individualizado, caso a caso. Como se dice en la STS 1539/2005 en relación a la ponderación de si el tiempo de detención coincide o no con el imprescindible para la comisión del otro delito”…el término bastante tiempo es indeterminado…”, y por ello es preciso un estudio individualizado caso a caso para llegar motivadamente a conclusiones seguras. Una vez más hay que recordar que el enjuiciamiento, todo enjuiciamiento, es una actividad individualizadora.

En general, se pueden establecer los siguientes supuestos: Sigue leyendo “Sobre la detención ilegal y sus problemas concursales”