Derecho constitucional, Derecho procesal penal, Derechos fundamentales

Sobre el principio acusatorio en el proceso penal. Agravación de la pena en Sentencia.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda), núm. 693/2015, de 12 de noviembre (REC: 975/2015), siendo Pontente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Touron, nos recuerda el principio acusatorio que rige todo procedimiento penal y que en ocasiones es olvidado por los tribunales. Así, declara lo siguiente:

“Como se estableció en nuestro Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 2006, ” el Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa”.

Como recuerda nuestra reciente STS 594/2015, de 30 de septiembre , ” este criterio no constituye una regla arbitraria impuesta de forma voluntarista por el Pleno de la Sala, sino que ha sido debidamente motivado a través de las numerosas sentencias que lo han aplicado. La razón que justifica la vinculación del juzgador a la pena en concreto solicitada, como ámbito delimitador de las facultades del Tribunal sentenciador, deriva de la esencia misma de la estructura del proceso penal acusatorio, en donde quedan perfectamente escindidas las funciones de acusar y de juzgar, de modo que no puede nunca un mismo órgano arrogarse ambas, bajo pretexto alguno.

Del mismo modo que el Tribunal sentenciador no puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una pena que no le haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en el respeto al principio acusatorio, y en sus derivaciones de congruencia y defensa.

La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa deriva de que el mencionado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica.

De manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa,lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia.

Dicho principio acusatorio deriva del derecho fundamental al proceso debido (proceso con todas las garantías: art. 24.2 de nuestra Carta Magna ), y es manifestación, como decimos, del principio de congruencia y defensa. De modo que este principio ha de quedar restringido no solamente al “factum” sino a la calificación jurídica, y dentro de ésta, tanto al título de imputación (delito), como a la propia petición punitiva contenida en la más grave de las acusaciones.
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Derecho penal, Derecho procesal penal

Sobre el blanqueo de capitales y la prueba indiciaria

En la anterior entrada hablamos de los elementos típicos del delito de blanqueo de capitales según la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que podéis consultar aquí. En esta entrada, veremos como la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda), núm. 693/2015, de 12 de noviembre (REC: 975/2015), siendo Pontente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Touron, se refiere a la prueba indiciaria en el blanqueo y específicamente en relación al tipo agravado vinculado con los delitos contra la salud pública. La Sentencia declara lo siguiente en sus Fundamentos de Derecho segundo a quinto:

“Para realizar la labor de constatar si puede considerarse acreditado en la sentencia de instancia que el recurrente no solo tenía conocimiento de la procedencia delictiva del dinero que blanqueaba, sino también de su origen en el tráfico de estupefacientes, han de tomarse en consideración cuatro factores:

En primer lugar, y en lo que se refiere a la precisión de las actuaciones delictivas, nuestra doctrina jurisprudencial no exige el conocimiento de los detalles o pormenores de las operaciones específicas de tráfico de las que procede el dinero, sino exclusivamente de su procedencia genérica de dicha actividad ( STS 586/86, de 29 de mayo , o STS 228/13, de 22 de marzo ).

En segundo lugar, y en lo que se refiere a la naturaleza del conocimiento, nuestra doctrina ha venido afirmando que el conocimiento exigible no implica saber (en sentido fuerte), como sucede cuando el conocimiento se deriva de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación personal y directa como protagonista de la actividad de tráfico (lo que solo tendría lugar en casos de autoblanqueo), sino que se trata de un conocimiento práctico, del que se obtiene a través de la experiencia y de la razón, y que permite representarse una conclusión como la más probable en una situación dada. Es el conocimiento que normalmente, en las relaciones de la vida diaria, permite a una persona discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto a algo o alguien ( STS 1113/2004, de 9 de octubre , o 28/2010, de 28 de enero ).

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, en lo que se refiere al dolo exigible basta con el eventual, siendo suficiente que el acusado disponga de datos suficientes para poder inferir que el dinero procede del tráfico de estupefacientes, y le resulte indiferente dicha procedencia ( STS228/2013, de 22 de marzo , o STS 1286/2006, de 30 de noviembre ).

Y, en cuarto lugar, en cuanto a la prueba, nuestra doctrina afirma que basta con la indiciaria,que es la que ordinariamente nos permitirá obtener una conclusión razonable sobre el conocimiento interno del sujeto ( STS 216/06, de 2 de marzo , o 289/2006, de 15 de marzo ). Sigue leyendo “Sobre el blanqueo de capitales y la prueba indiciaria”

Derecho constitucional, Derecho procesal penal, Derechos fundamentales

El derecho a un proceso con todas las garantías: derecho a un juez imparcial. Alcance del art. 708 de la LECrim

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), núm. 766/2014, de 27 de noviembre, siendo Ponente Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, estima uno de los motivos del recurso de casación interpuesto en el que se adució una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24 CE. Se sostiene en el motivo que, durante el desarrollo del juicio oral, la Sala juzgadora no mantuvo la posición imparcial sino que mantuvo una actitud activa en pro del éxito de la tesis acusatoria, con la que se alineó desde un primer instante llegado en determinados momentos a mostrarse claramente hostil hacia el acusado y su representación procesal, posicionamiento concretado en los interrogatorios a los que el Presidente de la Sala sometió a los acusados y testigos que secundaron la versión de los mismos. A este respecto, el Tribunal Supremo se manifiesta en los siguientes términos:

“… como ya dijimos en SSTS. 31/2011 de 2.2 y 79/2014 de 18.2 , la LECrim. en una interpretación ajustada a los principios constitucionales, contempla una relativa pasividad del Tribunal encargado del enjuiciamiento. Ello no impide la dirección del plenario, ni que solicite al acusado o a algún testigo alguna aclaración sobre el contenido de sus declaraciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 708 de la LECrim , que aunque solo se refiere al testigo, se ha extendido en la práctica común a los acusados. No obstante, la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad ( STS nº 538/2008, de 1 de setiembre ; STS nº 1333/2009, de 1 de diciembre ) que precisa que la jurisprudencia no entiende que el art. 708 LECrim , quebrante en sí la imparcialidad del juzgador, sino que para salvaguardar ese deber fundamental exige el uso moderado del art. 708, de modo que no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limita a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación. El Tribunal Constitucional, en la STC nº 229/2003 y en la STC 334/2005 , entendió que el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta.

(…) El recurrente tiene razón y el motivo ha de ser estimado. Sigue leyendo “El derecho a un proceso con todas las garantías: derecho a un juez imparcial. Alcance del art. 708 de la LECrim”

Derecho penal

Sobre la intervención telefónica

En la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 490/2014, de 17 de junio, de la que es Ponente Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, es obligado destacar el voto particular expresado por el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, en el que da un toque de atención sobre una cuestión que me parece realmente importante, disponiendo lo siguiente:

“El razonamiento con el que el Tribunal a quo ha impuesto una condena de 8 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 1.500.000 euros, es el siguiente:

‘… Mauricio Vidal declaró no conocer de nada a ninguno de los otros procesados ni a Javier Roque y justificó la posesión de numerosas tarjetas telefónicas cuando fue detenido por el simple hecho de regentar un locutorio telefónico y negociar con ellas, actividad que jamás ha realizado con drogas. De las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial se desprende que fue él quien aportó como posible transportista a Javier Roque quien efectivamente asumió realizar una operación de transporte de droga, si bien esta no llegó a territorio nacional al haber sido detenido cuando la portaba en el curso del viaje. Esta relación con Javier Roque que Mauricio Vidal niega fue probablemente la que determinó que fuera precisamente este último quien se desplazó hasta Ámsterdam donde se había perdido la pista del transportista, por haber sido detenido allí’.

(…) la sentencia no contiene mención alguna a qué fragmentos de esas conversaciones permiten respaldar la proclamación fáctica que afecta al acusado. La interceptación judicial se prolongó durante cinco meses. La Audiencia Provincial no cita ni uno sólo de los diálogos de los que se ” desprendería” la autoría del acusado.

En este contexto, me resulta imposible no acoger el razonamiento de la defensa cuando, en el desarrollo del segundo motivo formalizado, al reivindicar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, se expresa en los siguientes términos: “… entiende humildemente esta defensa letrada que de la lectura de la sentencia deberíamos poder percibir cómo se ha alcanzado la convicción judicial, por qué razones se han considerado probados los hechos determinantes de la condena, qué ha motivado que se otorgue fiabilidad a las mismas (…). Únicamente se hace una mención a las <conversaciones telefónicas> sin añadir nada más. Motivo por el que no sólo desconocemos las razones de la decisión condenatoria, sino que se nos imposibilita poder rebatir tales consideraciones en este momento procesal. Ya que si supiéramos exactamente qué pruebas y qué valoración de las mismas ha efectuado dicha Ilma. Sala, podríamos rebatirlas“. Sigue leyendo “Sobre la intervención telefónica”